La Ley de Movilización Nacional, promulgada en marzo de 1938, permitió al Estado japonés controlar la economía y la vida de sus ciudadanos sin necesidad de aprobación parlamentaria. Las fuerzas armadas ejercieron una enorme presión y lograron que dicha legislación entrara en vigencia, pese a la firme resistencia del poder legislativo japonés. En un período en quela prolongada guerra contra la China debilitaba gravemente la economía del país, el sector militar exigió un presupuesto de 2,5 millones de yenes, equivalente a casi el 100% del presupuesto nacional correspondiente al año anterior. En este contexto, la mencionada ley otorgó a la burocracia japonesa un enorme poder sobre la economía y, entre otras facultades, la de reclutar conscriptos para trabajar en la industria bélica. Cuando finalmente fue abolida, en diciembre de 1945, millones de hombres y mujeres jóvenes habían sido obligados a abandonar sus estudios para prestar trabajos forzados en fábricas militares.